¿Esto tiene que ser así?

No ha pasado ni el primer mes del nuevo año y ya contamos con 7 mujeres asesinadas, cuyas vidas se las ha llevado el machismo, el patriarcado. Mientras que actualmente existe un vaivén político, debatiendo acuerdos, pensando en posibles pactos, las mujeres seguimos estando condenadas a sufrir la desigualdad, siendo éste seguramente uno de los temas no centrales en todos los tejemanejes políticos que se estarán dando dentro de los despachos.
No acabaremos con esta barbarie, con este terrorismo, si no hay un compromiso por parte de la política de acabar con esto, pero tampoco, si la pasividad social, la inactividad colectiva, llega a nuestros sillones.
La situación en la que nos encontramos, donde nos quitan derechos sociales, donde la alta jerarquía eclesiástica tiene la libertad y el descaro de  llamar a mantener la jerarquía del hombre dentro de la pareja para tener una estabilidad y paz en los hogares,
un estado donde nos imponen el silencio, el sometimiento y el castigo. Una situación con un futuro donde las clases altas son cada vez más ricas, y las clases bajas más pobres…¿cómo desarrollar en este contexto la igualdad, cómo promover el respeto cuando la supervivencia parece ser la única salida para salir adelante, me lleve quien me lleve por delante?
Es necesario un cambio, no ya político (que también), si no de conciencia, crear sensibilización entre la ciudadanía que para acabar con la desigualdad es una tarea de todos y todas.
Aún sigue habiendo un tratamiento inadecuado de los medios ante los casos de asesinatos por violencia machista, aún no se han tomado medidas para dotar de recursos a la Ley Integral, aún no hay una conciencia entre el profesorado sobre la violencia machista que permita crear a futuros/as maestros/as concienciados con esta violencia patriarcal que estamos sufriendo, aún no se ha conseguido ningún pacto de estado para acabar con la violencia a las mujeres simplemente porque son mujeres, pero
sin embargo, si se está pensando en hacer un pacto de educación. aún vivimos estancados en una sociedad machista a la cual le conviene que el poder lo siga sustentando los hombres, y las mujeres sean consideradas como mecanismos de reproducción, cuidados y asistencia…¿Estamos en el siglo XXI? Ya se dice que actualmente la brecha de la desigualdad social cada vez es más amplia, pero es que, igualmente, la brecha de la desigualdad de género sigue ampliándose y en ella nadie repara. La violencia machista no solo se traduce con el número de las mujeres asesinadas, si no que detrás de ésta se esconde las desigualdades salariales, la discriminación en puestos de trabajo, la utilizando de la mujer como objeto e imagen publicitaria, etc y aún existen…
Actualmente, estamos presenciando programas televisivos como “Un príncipe para tres princesas” o  “Casados a primera vista” que siguen manteniendo ese machismo y sexismo social, que siguen transmitiendo valores llenos de desprecio entre mujeres,
competición por alcanzar el amor de un hombre sea cual sea el precio a pagar, amores románticos idealistas…
Todo esto, parece ser, ajeno a la realidad de que existen 552 adolescentes amenazadas por jóvenes machistas que tienen que contar con protección, ya que, por lo visto, no hay dinero para invertir en  formación e información sobre la violencia machista en colegios, institutos… pero sí para la instalación de equipos tecnológicos para crear centros TICs…¿qué futuro estamos relegando? Un futuro donde ponemos por delante lo conceptual, lo superficial, lo tangible y medible, en lugar de valores que nos
permitan vivir en comunidad.
Por ello, hacemos un llamamiento a la conciencia de las personas, esa conciencia de que puede haber otro mundo posible si a través de pequeños pasos podemos avanzar, esa conciencia que nos permite ver lo que nos rodea con otra mirada, a través de esas
lentes moradas, y que a cada cosa que veas, te obliga a preguntarte…¿esto tiene que ser?
Elena Vega Horcas
Responsable del Área de Comunicación

Intalados/as en la barbarie

Treinta y nueve, treinta y tres y veintitrés son las edades de las mujeres que en menos de 72 horas han sido asesinadas por su pareja o expareja, y otra se encuentra hospitalizada tras recibir varias puñaladas. Las estadísticas oficiales hablan de 33 mujeres, nosotras sabemos que son más; que las asesinadas por los que no eran su pareja, los hijos e hijas asesinadas, los familiares o personas allegadas, también lo son, así como los casos que aún están en investigación pero que tienen todas las características de violencia machista. Podemos hablar de más del doble de número de víctimas. Tres asesinadas en un día y hay que rebuscar entre las noticias del periódico para encontrar los casos. ¡Indignante!
Nos tienen acostumbradas al silencio institucional, a la normalización, a la cotidianización de los asesinatos, pero nosotras no podemos callar. Venimos denunciando durante este verano, no sólo el elevado número de casos sino las edades, cada vez más bajas, de las mujeres asesinadas.
Según los medios, la chica de tan sólo 23 años, asesinada ayer en Murcia, había conseguido una orden de alejamiento, pero las declaraciones de las autoridades dicen que “no se detectó ninguna situación que denotase este trágico final”. ¡Cómo pedimos a las mujeres que denuncien, les decimos una y otra vez que sin denuncia no se puede hacer nada y, después de todo el tortuoso proceso que le lleva a la denuncia, las menospreciamos diciendo que no hay riesgo o que no se esperaba que ocurriese esto! Es una verdadera vergüenza que no se tomen en serio las denuncias, que se siga dudando de las mujeres que están siendo sometidas a una vida de agresiones, amenazas, vejaciones y, cuando no denuncian, salgamos rápidamente a decir: “¡es que no denunció!”, para limpiarnos de la culpa y de la responsabilidad que nos corresponde.
La violencia y los asesinatos machista son la visibilización última de una violencia estructural, mantenida y consentida por un sistema que sigue perpetuando  las desigualdades entre hombres y mujeres, que consiente la resolución de conflictos de forma violenta, que mantiene las relaciones de dominio y posesión  en la pareja, que fomenta una cultura amorosa patriarcal, machista, donde el sufrimiento y la dependencia emocional de la mujer es la vía para alcanzar el amor.
No ser responsables directos y directas de estos asesinatos no nos convierte en inocentes, porque el silencio y la pasividad ante esta violencia estructural nos hace cómplices.
Debemos tomar medidas personales y colectivas  que nos impliquen en esta lucha, con un llamamiento especial a los hombres.
Institucionalmente exigimos medidas educativas en materia de igualdad, coeducación y educación afectivo-sexual; políticas de igualdad que permitan a las mujeres el ejercicio de sus libertades, el control y la autonomía sobre sus propias vidas; aumento de las medidas de protección de las víctimas; el cumplimiento a raja tabla la ley integral contra la violencia de género y la dotación de presupuesto en todas sus áreas; la formación continua y obligatoria para todo el personal que de alguna forma participa en el proceso de denuncia de las mujeres maltratadas; campañas de sensibilización que dejen de culpabilizar a las mujeres de nuevo por no denunciar; declaraciones  institucionales que condenen, sin paliativos, no sólo los asesinatos, sino cualquier tipo de violencia cometida contra las mujeres; medidas institucionales que no permitan publicidad sexista, que actúe contundentemente frente a declaraciones que fomenten o justifiquen la violencia machista, que promuevan  en los medios de comunicación la no violencia, las relaciones entre iguales, libres de dependencias y de dominios.
El 7 de noviembre estaremos en Madrid exigiendo un pacto de Estado frente a las violencias machista. Tenemos que hacernos oir.
¡No podemos esperar más!  ¡Nos están asesinando! ¡Es terrorismo!
Ni una agresión más, ni una muerte más.
Toñi Mudarra ( Área de comunicación y prensa de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres)

Carta con referencia a la transferencia de la línea 900 de atención a víctimas de violencia de género a “Salud Responde”

Carta remitida al Defensor del Pueblo Andaluz, a los grupos políticos del parlamento Andaluz, a la Presidenta  de la Junta Andalucía, a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba.
La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia de Género, es una agrupación de asociaciones de mujeres donde también están representadas las áreas de mujer de partidos políticos y sindicatos de la provincia de Córdoba, cuyo objetivo es la consecución de una sociedad en igualdad y la eliminación de la violencia machista.
Tenemos una larga trayectoria de análisis, estudio y seguimiento  tanto de la violencia de género en nuestra sociedad como posteriormente de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Nuestro contacto directo con las víctimas y con los agentes sociales que trabajan directamente con estas mujeres nos ha hecho valorar el “Servicio Telefónico de Información a la Mujer, servicio de Asistencia Legal Telefónico y Servicio de Asesoramiento Jurídico On-line a mujeres en situación de violencia de género
( 900 200 999)” como un recurso de gran utilidad y eficacia, especialmente, en los casos de emergencia, y que daba una respuesta multidisciplinar, pública, especializada y gratuita en temas de igualdad y violencia de género.
Habiendo llegado a nuestro conocimiento la transferencia de este servicio a “Salud Responde” mostramos nuestro rechazo a esta medida, que provocará graves consecuencias, empezando por el incumplimiento de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género donde se específica dentro del Título II “Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, capítulo I“ Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita” en su artículo 19 que “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral.
La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional”.
Partiendo de ésta base, uno de los objetivos de esta ley es el tratamiento integral de todos los aspectos que engloba la violencia de género (sanitarios, educativos, jurídicos, sociales…) El servicio telefónico al que nos referimos daba respuesta a toda información referida a servicios, recursos, programas y actividades del IAM, gestionaba los acogimientos de emergencia en casos de Violencia de Género, así como el asesoramiento legal por letrados/as especializados/as en Violencia de Género y derecho de familia, siendo éste tratado por personal cualificado con especial sensibilidad y experiencia en el tema de la violencia machista.
Creemos firmemente que con la absorción de este servicio a Salud Responde habrá muchos aspectos que quedarán desatendidos y otros a los cuales no se les dará una cobertura adecuada provocando entre las mujeres desconfianza a la hora de marcar un número de teléfono en el que buscan respuestas a demandas como: servicios de emergencia ante situación de riesgo, fuerzas de seguridad, asistencia  legal, información sobre casas de acogidas, información sobre aspectos laborales, ayudas…y no sólo información sobre aspectos de salud.
Una vez más, volvemos a la doble victimización de las mujeres que además de tener que superar la violencia de sus agresores, sufren la ineficiencia institucional, que en ocasiones parece regirse más por decisiones de tipo técnico y administrativo (cambio de delegaciones y sus responsabilidades) que por la verdadera problemática de la ciudadanía, en este caso, por los derechos de las mujeres y la violencia machista.
Así mismo, queremos evidenciar la labor del personal de este servicio público y la necesidad de que se mantengan sus puestos de trabajo siendo prácticamente en su totalidad mujeres las que trabajan en este servicio. Así, apoyamos de esta manera la petición que las agentes del Teléfono 900 de Información del Instituto Andaluz de la Mujer hacen al defensor del pueblo andaluz.
Entendemos que la administración pública debe velar por la prevención, el tratamiento y el seguimiento de las víctimas de violencia. Tanto en el programa del partido político que gobierna la Junta de Andalucía, como en el discurso de investidura de su presidenta, Susana Díaz, donde declaraba la necesidad de alcanzar “un gran Pacto Social en Andalucía contra la violencia de género y la elaboración de una nueva ley que permita desarrollar mejor los objetivos”, se vislumbraba una apuesta por políticas de igualdad y contra la violencia de género, pero las medidas adoptadas en este  comienzo de la legislatura lo contradicen absolutamente. No nos explicamos, cómo la primera medida tomada es la transferencia del Servicio Telefónico de Información a la Mujer a Salud Responde incumpliendo así con su palabra.
Por ello, instamos a todos/as los/las representantes políticos/as de la Junta de Andalucía a que valoren esta petición, se manifiesten en apoyo a ésta y exijan el mantenimiento de este servicio, tal y como hasta ahora se hacía, y que se dirijan los esfuerzos hacia mejoras reales en la dotación de presupuesto  a las distintas áreas que la propia Ley Integral plantea y que es necesaria para acabar con esta lacra social.
La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia de Género, es una agrupación de asociaciones de mujeres donde también están representadas las áreas de mujer de partidos políticos y sindicatos de la provincia de Córdoba, cuyo objetivo es la consecución de una sociedad en igualdad y la eliminación de la violencia machista.Tenemos una larga trayectoria de análisis, estudio y seguimiento  tanto de la violencia de género en nuestra sociedad como posteriormente de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Nuestro contacto directo con las víctimas y con los agentes sociales que trabajan directamente con estas mujeres nos ha hecho valorar el “Servicio Telefónico de Información a la Mujer, servicio de Asistencia Legal Telefónico y Servicio de Asesoramiento Jurídico On-line a mujeres en situación de violencia de género ( 900 200 999)” como un recurso de gran utilidad y eficacia, especialmente, en los casos de emergencia, y que daba una respuesta multidisciplinar, pública, especializada y gratuita en temas de igualdad y violencia de género.

Habiendo llegado a nuestro conocimiento la transferencia de este servicio a “Salud Responde” mostramos nuestro rechazo a esta medida, que provocará graves consecuencias, empezando por el incumplimiento de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género donde se específica dentro del Título II “Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, capítulo I“ Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita” en su artículo 19 que “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral.

La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional”.Partiendo de ésta base, uno de los objetivos de esta ley es el tratamiento integral de todos los aspectos que engloba la violencia de género (sanitarios, educativos, jurídicos, sociales…)El servicio telefónico al que nos referimos daba respuesta a toda información referida a servicios, recursos, programas y actividades del IAM, gestionaba los acogimientos de emergencia en casos de Violencia de Género, así como el asesoramiento legal por letrados/as especializados/as en Violencia de Género y derecho de familia, siendo éste tratado por personal cualificado con especial sensibilidad y experiencia en el tema de la violencia machista.Creemos firmemente que con la absorción de este servicio a Salud Responde habrá muchos aspectos que quedarán desatendidos y otros a los cuales no se les dará una cobertura adecuada provocando entre las mujeres desconfianza a la hora de marcar un número de teléfono en el que buscan respuestas a demandas como: servicios de emergencia ante situación de riesgo, fuerzas de seguridad, asistencia  legal, información sobre casas de acogidas, información sobre aspectos laborales, ayudas…y no sólo información sobre aspectos de salud.

Una vez más, volvemos a la doble victimización de las mujeres que además de tener que superar la violencia de sus agresores, sufren la ineficiencia institucional, que en ocasiones parece regirse más por decisiones de tipo técnico y administrativo (cambio de delegaciones y sus responsabilidades) que por la verdadera problemática de la ciudadanía, en este caso, por los derechos de las mujeres y la violencia machista.

Así mismo, queremos evidenciar la labor del personal de este servicio público y la necesidad de que se mantengan sus puestos de trabajo siendo prácticamente en su totalidad mujeres las que trabajan en este servicio. Así, apoyamos de esta manera la petición que las agentes del Teléfono 900 de Información del Instituto Andaluz de la Mujer hacen al defensor del pueblo andaluz.

Entendemos que la administración pública debe velar por la prevención, el tratamiento y el seguimiento de las víctimas de violencia. Tanto en el programa del partido político que gobierna la Junta de Andalucía, como en el discurso de investidura de su presidenta, Susana Díaz, donde declaraba la necesidad de alcanzar “un gran Pacto Social en Andalucía contra la violencia de género y la elaboración de una nueva ley que permita desarrollar mejor los objetivos”, se vislumbraba una apuesta por políticas de igualdad y contra la violencia de género, pero las medidas adoptadas en este  comienzo de la legislatura lo contradicen absolutamente. No nos explicamos, cómo la primera medida tomada es la transferencia del Servicio Telefónico de Información a la Mujer a Salud Responde incumpliendo así con su palabra.

Por ello, instamos a todos/as los/las representantes políticos/as de la Junta de Andalucía a que valoren esta petición, se manifiesten en apoyo a ésta y exijan el mantenimiento de este servicio, tal y como hasta ahora se hacía, y que se dirijan los esfuerzos hacia mejoras reales en la dotación de presupuesto  a las distintas áreas que la propia Ley Integral plantea y que es necesaria para acabar con esta lacra social.

Hace mucho tiempo que está siendo tarde

Está siendo tarde con las generaciones de hombres que están asesinando a las mujeres que dicen amar y, lo peor, está ya siendo tarde para las generaciones que aún están empezando a vivir. Porque, mientras no entendamos que sólo acabaremos con la violencia cuando acabemos con la desigualdad y que la educación es la base sobre la que construir una sociedad basada en valores democráticos, de justicia social y derechos humanos, esto no acabará.
Es tarde para esos niños que no van a ser educados en valores de equidad, ni van a recibir una educación afectivo-sexual, que van a seguir entendiendo el amor como posesión, que continuamente reciben mensajes en los medios en los que la violencia es la solución a los conflictos, que están educados para competir y ganar.
Es tarde para esas niñas que van a ser educadas para dar, para ser supermujeres que todo lo hacen y que nada piden, que esperan a ese hombre que las amará siempre y sin el que no son nada, que han de mostrarse guapas, obedientes y calladas, que han de quedarse un paso atrás.
Porque de esos polvos vendrán futuros lodos.
Quizá finalmente, cuando el número de mujeres asesinadas sea tan escandaloso que no sepan
dónde esconderlo, empiecen a plantearse que habrá que hacer algo, que habrá que dar una respuesta.
Porque la respuesta a tantos asesinatos no puede ser un tuit de condolencias de un gobierno. La respuesta de una sociedad no puede ser el asombro ante los numerosos asesinatos que se han producido en este año y, en especial, en este verano. Esas mujeres no eran números, no
pueden acabar en estadísticas.
Todas las mujeres asesinadas, todas las que están siendo maltratadas día a día, las que se sienten denigradas y utilizadas como objeto sexual, las que son agredidas en una calle por la noche, las que son explotadas sexualmente, las que están relegadas al cuidado y a los trabajos
peor pagados, las que aguantan, las que callan.
Todas las mujeres necesitamos otras respuestas.
Necesitamos un pacto de Estado que obligue a las instituciones, a los partidos polití cos , a los agentes sociales a llegar a un acuerdo social y polití co para enfrentar de cara la desigualdad y la violencia machista, con la educación en el centro.
Necesitamos una respuesta social contundente, de rechazo inequívoco, dejando a un lado la tolerancia y la permisividad que los comportamientos machistas suscitan, entendiendo que es demasiado importante lo que nos jugamos. Porque no sólo nos jugamos relaciones sanas, de respeto, de tolerancia, de igualdad. Nos jugamos pequeñas felicidades. Nos jugamos vidas.
Toñi Mudarra.
Área de comunicación y prensa.
Plataforma cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres

La vuelta del “crimen pasional”

El lenguaje usado por muchos medios de comunicación para describir el asesinato por violencia machista perpetrado por un hombre de 39 años contra una niña de 13 en El Salobral (Albacete) recuerda a tiempos pasados, cuando a la violencia de género se le llamaba crímen pasional y el asesino era un pobre hombre que había perdido la cabeza por celos o por alguna disputa familiar. Y eso cuando la violencia contra las mujeres conseguía trascender las cuatro paredes de las casas.

El caso de El Salobral parece claro: obsesión, acoso, insultos hacia la niña, e incluso varias denuncias de la familia contra el agresor. Sin embargo, la definición de violencia de género o de violencia machista brilla por su ausencia. “Se está volviendo a privatizar el problema. A medida que se dan más detalles de la pareja, más se privatiza el asunto. Hay que investigar y tratar un delito, no la vida privada de nadie”, explica Soledad Murillo, que fue secretaria general de Políticas de Igualdad entre 2004 y 2008 y es profesora de Sociología en la Universidad de Salamanca y miembro del Comité de la CEDAW.

Más información en El Diario.es.