Carta con referencia a la transferencia de la línea 900 de atención a víctimas de violencia de género a “Salud Responde”

Carta remitida al Defensor del Pueblo Andaluz, a los grupos políticos del parlamento Andaluz, a la Presidenta  de la Junta Andalucía, a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba.
La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia de Género, es una agrupación de asociaciones de mujeres donde también están representadas las áreas de mujer de partidos políticos y sindicatos de la provincia de Córdoba, cuyo objetivo es la consecución de una sociedad en igualdad y la eliminación de la violencia machista.
Tenemos una larga trayectoria de análisis, estudio y seguimiento  tanto de la violencia de género en nuestra sociedad como posteriormente de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Nuestro contacto directo con las víctimas y con los agentes sociales que trabajan directamente con estas mujeres nos ha hecho valorar el “Servicio Telefónico de Información a la Mujer, servicio de Asistencia Legal Telefónico y Servicio de Asesoramiento Jurídico On-line a mujeres en situación de violencia de género
( 900 200 999)” como un recurso de gran utilidad y eficacia, especialmente, en los casos de emergencia, y que daba una respuesta multidisciplinar, pública, especializada y gratuita en temas de igualdad y violencia de género.
Habiendo llegado a nuestro conocimiento la transferencia de este servicio a «Salud Responde» mostramos nuestro rechazo a esta medida, que provocará graves consecuencias, empezando por el incumplimiento de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género donde se específica dentro del Título II “Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, capítulo I“ Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita” en su artículo 19 que “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral.
La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional”.
Partiendo de ésta base, uno de los objetivos de esta ley es el tratamiento integral de todos los aspectos que engloba la violencia de género (sanitarios, educativos, jurídicos, sociales…) El servicio telefónico al que nos referimos daba respuesta a toda información referida a servicios, recursos, programas y actividades del IAM, gestionaba los acogimientos de emergencia en casos de Violencia de Género, así como el asesoramiento legal por letrados/as especializados/as en Violencia de Género y derecho de familia, siendo éste tratado por personal cualificado con especial sensibilidad y experiencia en el tema de la violencia machista.
Creemos firmemente que con la absorción de este servicio a Salud Responde habrá muchos aspectos que quedarán desatendidos y otros a los cuales no se les dará una cobertura adecuada provocando entre las mujeres desconfianza a la hora de marcar un número de teléfono en el que buscan respuestas a demandas como: servicios de emergencia ante situación de riesgo, fuerzas de seguridad, asistencia  legal, información sobre casas de acogidas, información sobre aspectos laborales, ayudas…y no sólo información sobre aspectos de salud.
Una vez más, volvemos a la doble victimización de las mujeres que además de tener que superar la violencia de sus agresores, sufren la ineficiencia institucional, que en ocasiones parece regirse más por decisiones de tipo técnico y administrativo (cambio de delegaciones y sus responsabilidades) que por la verdadera problemática de la ciudadanía, en este caso, por los derechos de las mujeres y la violencia machista.
Así mismo, queremos evidenciar la labor del personal de este servicio público y la necesidad de que se mantengan sus puestos de trabajo siendo prácticamente en su totalidad mujeres las que trabajan en este servicio. Así, apoyamos de esta manera la petición que las agentes del Teléfono 900 de Información del Instituto Andaluz de la Mujer hacen al defensor del pueblo andaluz.
Entendemos que la administración pública debe velar por la prevención, el tratamiento y el seguimiento de las víctimas de violencia. Tanto en el programa del partido político que gobierna la Junta de Andalucía, como en el discurso de investidura de su presidenta, Susana Díaz, donde declaraba la necesidad de alcanzar “un gran Pacto Social en Andalucía contra la violencia de género y la elaboración de una nueva ley que permita desarrollar mejor los objetivos”, se vislumbraba una apuesta por políticas de igualdad y contra la violencia de género, pero las medidas adoptadas en este  comienzo de la legislatura lo contradicen absolutamente. No nos explicamos, cómo la primera medida tomada es la transferencia del Servicio Telefónico de Información a la Mujer a Salud Responde incumpliendo así con su palabra.
Por ello, instamos a todos/as los/las representantes políticos/as de la Junta de Andalucía a que valoren esta petición, se manifiesten en apoyo a ésta y exijan el mantenimiento de este servicio, tal y como hasta ahora se hacía, y que se dirijan los esfuerzos hacia mejoras reales en la dotación de presupuesto  a las distintas áreas que la propia Ley Integral plantea y que es necesaria para acabar con esta lacra social.
La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia de Género, es una agrupación de asociaciones de mujeres donde también están representadas las áreas de mujer de partidos políticos y sindicatos de la provincia de Córdoba, cuyo objetivo es la consecución de una sociedad en igualdad y la eliminación de la violencia machista.Tenemos una larga trayectoria de análisis, estudio y seguimiento  tanto de la violencia de género en nuestra sociedad como posteriormente de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Nuestro contacto directo con las víctimas y con los agentes sociales que trabajan directamente con estas mujeres nos ha hecho valorar el “Servicio Telefónico de Información a la Mujer, servicio de Asistencia Legal Telefónico y Servicio de Asesoramiento Jurídico On-line a mujeres en situación de violencia de género ( 900 200 999)” como un recurso de gran utilidad y eficacia, especialmente, en los casos de emergencia, y que daba una respuesta multidisciplinar, pública, especializada y gratuita en temas de igualdad y violencia de género.

Habiendo llegado a nuestro conocimiento la transferencia de este servicio a «Salud Responde» mostramos nuestro rechazo a esta medida, que provocará graves consecuencias, empezando por el incumplimiento de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género donde se específica dentro del Título II “Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, capítulo I“ Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita” en su artículo 19 que “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral.

La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional”.Partiendo de ésta base, uno de los objetivos de esta ley es el tratamiento integral de todos los aspectos que engloba la violencia de género (sanitarios, educativos, jurídicos, sociales…)El servicio telefónico al que nos referimos daba respuesta a toda información referida a servicios, recursos, programas y actividades del IAM, gestionaba los acogimientos de emergencia en casos de Violencia de Género, así como el asesoramiento legal por letrados/as especializados/as en Violencia de Género y derecho de familia, siendo éste tratado por personal cualificado con especial sensibilidad y experiencia en el tema de la violencia machista.Creemos firmemente que con la absorción de este servicio a Salud Responde habrá muchos aspectos que quedarán desatendidos y otros a los cuales no se les dará una cobertura adecuada provocando entre las mujeres desconfianza a la hora de marcar un número de teléfono en el que buscan respuestas a demandas como: servicios de emergencia ante situación de riesgo, fuerzas de seguridad, asistencia  legal, información sobre casas de acogidas, información sobre aspectos laborales, ayudas…y no sólo información sobre aspectos de salud.

Una vez más, volvemos a la doble victimización de las mujeres que además de tener que superar la violencia de sus agresores, sufren la ineficiencia institucional, que en ocasiones parece regirse más por decisiones de tipo técnico y administrativo (cambio de delegaciones y sus responsabilidades) que por la verdadera problemática de la ciudadanía, en este caso, por los derechos de las mujeres y la violencia machista.

Así mismo, queremos evidenciar la labor del personal de este servicio público y la necesidad de que se mantengan sus puestos de trabajo siendo prácticamente en su totalidad mujeres las que trabajan en este servicio. Así, apoyamos de esta manera la petición que las agentes del Teléfono 900 de Información del Instituto Andaluz de la Mujer hacen al defensor del pueblo andaluz.

Entendemos que la administración pública debe velar por la prevención, el tratamiento y el seguimiento de las víctimas de violencia. Tanto en el programa del partido político que gobierna la Junta de Andalucía, como en el discurso de investidura de su presidenta, Susana Díaz, donde declaraba la necesidad de alcanzar “un gran Pacto Social en Andalucía contra la violencia de género y la elaboración de una nueva ley que permita desarrollar mejor los objetivos”, se vislumbraba una apuesta por políticas de igualdad y contra la violencia de género, pero las medidas adoptadas en este  comienzo de la legislatura lo contradicen absolutamente. No nos explicamos, cómo la primera medida tomada es la transferencia del Servicio Telefónico de Información a la Mujer a Salud Responde incumpliendo así con su palabra.

Por ello, instamos a todos/as los/las representantes políticos/as de la Junta de Andalucía a que valoren esta petición, se manifiesten en apoyo a ésta y exijan el mantenimiento de este servicio, tal y como hasta ahora se hacía, y que se dirijan los esfuerzos hacia mejoras reales en la dotación de presupuesto  a las distintas áreas que la propia Ley Integral plantea y que es necesaria para acabar con esta lacra social.